Ley de Segunda Oportunidad en Alicante
Alicante fue el epicentro de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), cuyo colapso dejó un reguero de hipotecas problemáticas que hoy gestiona CaixaBank. La provincia, con una economía muy dependiente del turismo y la construcción, presenta niveles de endeudamiento per cápita entre los más altos de España. La Ley de Segunda Oportunidad es particularmente relevante para los alicantinos.
El legado de la CAM marca el perfil financiero de la provincia: hipotecas concedidas con criterios laxos durante la burbuja, muchas con IRPH y gastos hipotecarios abusivos. A esto se suma el endeudamiento por tarjetas revolving de entidades como Cetelem y Cofidis, especialmente entre trabajadores del turismo con ingresos estacionales.
La provincia de Alicante es la segunda de la Comunidad Valenciana en concursos de persona física, con un crecimiento del 40% en solicitudes desde 2022.
A través de la Ley de Segunda Oportunidad, puedes cancelar la mayoría de tus deudas. En Alicante, las entidades más habituales en estos procedimientos son CaixaBank (ex-CAM), Sabadell, BBVA y Santander:
Hipotecas, préstamos y créditos con CaixaBank (ex-CAM), Sabadell, BBVA y Santander
Wizink, Cetelem, Cofidis y tarjetas de CaixaBank (ex-CAM)
Deudas tributarias con la AEAT o hacienda foral
Cuotas impagadas de autónomos (hasta 10.000€)
Alicante cuenta con 2 Juzgados de lo Mercantil, además de un Tribunal de Marca Comunitaria que, aunque dedicado a propiedad intelectual, ha aliviado carga de trabajo de los mercantiles ordinarios.
Tu caso se tramitará ante el Juzgados de lo Mercantil de Alicante (Ciudad de la Justicia, C/ Pintor Aparicio 20). Nuestro equipo de abogados conoce los criterios específicos de este tribunal y adapta cada solicitud para maximizar las probabilidades de éxito.
La Ley de Segunda Oportunidad exige dos condiciones básicas: encontrarte en situación de insolvencia actual o inminente (no puedes atender regularmente tus obligaciones de pago) y ser deudor de buena fe, es decir, no haber sido condenado por delitos socioeconómicos ni sancionado por infracciones tributarias graves en los últimos años. No importa el origen de la deuda: préstamos personales, microcréditos, tarjetas, avales o deuda pública dentro de los límites legales.
El procedimiento es un concurso de acreedores de persona física que se tramita ante los Juzgados de lo Mercantil de Alicante (Ciudad de la Justicia, C/ Pintor Aparicio 20). Nuestro equipo, especializado en derecho mercantil y concursal, solicita la exoneración del pasivo insatisfecho (el antiguo BEPI) por una de las dos vías que permite el Texto Refundido de la Ley Concursal: exoneración con plan de pagos, que te permite conservar tu vivienda habitual mientras cumples un calendario de tres a cinco años, o exoneración con liquidación de la masa activa, más rápida cuando no hay patrimonio que proteger. Desde la admisión del concurso, además, se paralizan los embargos y las ejecuciones en curso sobre tu salario y tus cuentas.
Analizamos tu situación financiera completa: deudas, ingresos, patrimonio y circunstancias en Alicante.
Misma normativa que Valencia. Se aplica la ley estatal sin particularidades autonómicas.
Muchos clientes que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad también pueden reclamar por abusos bancarios. Consulta nuestros servicios de derecho bancario en Alicante:
Sí. Las hipotecas que hoy gestiona CaixaBank (heredadas de la CAM) pueden incluirse en el procedimiento si no puedes mantener los pagos.
Te beneficia: demostrar ingresos irregulares o insuficientes refuerza tu caso de insolvencia ante el juez.
Sí, son procedimientos compatibles. De hecho, una reclamación de IRPH exitosa puede reducir tu deuda hipotecaria, facilitando que puedas conservar la vivienda dentro del procedimiento de LSO.
La media es de 10-14 meses, similar a Valencia.
Analizamos tu caso sin coste ni compromiso. Si la Ley de Segunda Oportunidad es viable para ti, te acompañamos en todo el proceso.
Consulta inicial →Cuéntanos tu situación. En menos de 24h un abogado del despacho revisa el caso, te confirma viabilidad y cuantifica el importe reclamable.